
Trump firma una legislación que penaliza el deepfake y el uso de imágenes sin consentimiento.
En Estados Unidos se ha aprobado recientemente la ley conocida como "Take it Down", la cual tiene como objetivo sancionar el uso de DeepFake y la distribución de imágenes sin el consentimiento de las personas involucradas.
Un avance significativo en la lucha contra la distribución de imágenes sin consentimiento (NCII) y el uso de inteligencia artificial para crear deepfakes ha sido logrado por el gobierno de Estados Unidos. Esto se da tras la promulgación de la Ley Take It Down por el presidente Donald Trump, que establece penalizaciones para el manejo de este tipo de contenido en plataformas de redes sociales. La legislación obligará a estas plataformas a eliminar de forma inmediata cualquier contenido notificado que se relacione con NCII.
Las sanciones para quienes publiquen NCII, ya sean imágenes reales o generadas por inteligencia artificial, pueden alcanzar hasta tres años de prisión, así como multas económicas. Además, la ley exige que las empresas de redes sociales implementen procedimientos para borrar este material en un plazo de 48 horas tras recibir la notificación, y que realicen esfuerzos razonables para eliminar copias del mismo. La Comisión Federal de Comercio (FTC) será la encargada de la aplicación de esta normativa, y los servicios tienen un año para adecuarse a ella.
Trump ha mencionado en un discurso que, tras firmar la ley, planea también emplearla en su propio beneficio, ya que se ha sentido maltratado en el entorno digital. Por su parte, la Iniciativa de Derechos Civiles Cibernéticos (CCRI), que desde hace tiempo aboga por leyes que combatan el abuso de imágenes, ha manifestado sus dudas respecto a la Ley Take It Down, sugiriendo que podría dar a los sobrevivientes "falsas esperanzas". En este sentido, la presidenta de la CCRI, Mary Anne Franks, se ha expresado con críticas hacia la propuesta, calificándola de “píldora envenenada” y advirtiendo que ciertas plataformas pueden ignorar los reportes de distribución no consentida, mientras que otras podrían verse abrumadas por quejas fraudulentas, comprometiendo su operatividad.