Opinión: Las grandes empresas tecnológicas no favorecen a republicanos ni demócratas, solo buscan su propio beneficio.
No fue un solo partido político el responsable de frenar la Ley de Seguridad en Línea para Niños, sino la industria que maneja nuestra vida digital.
Nuestra visita a la Comisión Federal de Comercio (FTC) se produjo en un caluroso día de junio en Washington D.C., donde Laura Marquez-Garrett, abogada que utiliza pronombres neutros, y yo decidimos sentarnos en un banco cercano mientras se llevaba a cabo un taller titulado “La Economía de la Atención: Cómo las Grandes Empresas Tecnológicas Explotan a los Niños y Perjudican a las Familias.” Aunque teníamos intención de asistir, cambiamos de decisión al enterarnos de que había un taller posterior que promovía discursos en contra de la comunidad transgénero, algo que nos hizo dudar de la imparcialidad de la FTC, supuesta defensora del consumidor.
En el taller se notó una clara exclusión de voces proindustriales, lo que despertó nuestra preocupación sobre la efectividad de la FTC como un mecanismo de protección al consumidor. La censura, aunque no fuera explícita, estaba latente al no permitir que las grandes empresas tecnológicas como Meta, Snapchat, TikTok, Google o Apple participaran como oradores. Este hecho eleva las inquietudes sobre cómo las interacciones detrás de puertas cerradas pueden llevar a la desinformación y al malentendido entre los legisladores.
A medida que charlábamos mientras esperábamos, reflejamos sobre los desafíos de mantener un enfoque bipartidista en la protección de los niños en línea. El único beneficio que vemos en este sistema político polarizado es para gigantes tecnológicos, que se benefician mientras las familias sufren las consecuencias. Este punto fue también discutido por Ralph Nader, quien abogó por coaliciones entre fuerzas políticas opuestas para lograr cambios reales.
Uno de los principales proyectos de ley en materia de seguridad en línea para menores, el Kids Online Safety Act (KOSA), se atascó en la Cámara de Representantes, frustrando a muchos que esperaban una verdadera protección para los niños. A pesar de que el proyecto recibió un sólido respaldo bipartidista, la industria de la tecnología logró sembrar el miedo, haciendo que comunidades vulnerables se sintieran amenazadas por la legislación propuesta. El taller en la FTC, que se centró en “valores familiares conservadores”, se percibió como una estrategia para obstaculizar la reforma que podría beneficiar a los niños.
Finalmente, la realidad es que la resistencia de las empresas tecnológicas no conoce de partidos políticos: solo ven a personas en el poder que pueden influir en sus beneficios. La reciente veto del gobernador demócrata de Colorado, Jared Polis, a un proyecto de ley para proteger a los niños de depredadores en línea, evidenció cómo estas empresas, en muchas ocasiones, usan tácticas divisivas en su favor.
Es fundamental que el impulso bipartidista no se pierda. La votación de 91-3 en el Senado para el KOSA demuestra que aún existe voluntad de colaboración entre diferentes sectores. Sin embargo, es necesario que este progreso no se fracture por tácticas de las grandes compañías, ya que la seguridad infantil en línea es un asunto que trasciende la política.
Mientras reflexionábamos en la acera de la FTC, estuvimos acompañados por dos madres que, a pesar de sus diferencias políticas, compartían el mismo dolor tras la pérdida de sus hijos en situaciones relacionadas con las plataformas digitales. Estas uniones inesperadas resaltan la importancia de la colaboración en la lucha por proteger a los menores en el ámbito digital.
El verdadero desafío será si este gobierno utilizará la FTC como un órgano regulador contra el poder incontrolado de la tecnología o se centrará en atacar a aquellos que luchan por la vida y el bienestar de los niños. Si optan por lo primero, hay una posibilidad real de que se produzcan cambios duraderos.
