La Promesa y el Peligro de la Seguridad Digital en Tiempos de Dictadura.

Steven Rodríguez recorrió más de 64 kilómetros desde su hogar en Santa Ana, en el oeste de El Salvador, para participar en la marcha del Orgullo en la capital el 28 de junio. Esta fue la segunda vez que asiste a este evento, donde aproximadamente 20,000 personas se reunieron en un ambiente de celebración y protesta por los derechos de la diversidad sexual. Sin embargo, la alegría de años anteriores fue reemplazada por un clima de miedo. “Quizás no escale, pero hay temor de que lo que ocurrió con la cooperativa El Bosque también suceda aquí. Desde lo más profundo creo que, como personas, tenemos el derecho a una vida digna. Si no soy yo, ¿quién más va a defender mis experiencias?”, reflexionó Rodríguez sobre su decisión de participar en medio de la escalada autoritaria que vive el país.

Desde que Nayib Bukele asumió la presidencia en 2019, una de sus primeras medidas fue eliminar la Dirección de Diversidad Sexual. Durante su intervención en la Conferencia de Acción Política Conservadora en EE.UU. en febrero de 2024, dejó claro su postura: “No permitimos esas ideologías en escuelas y colegios. También considero que es importante que el currículum no incluya ideología de género ni cosas por el estilo”.

Uno de los temores principales de Rodríguez es que la marcha se utilice como excusa para criminalizar a sus asistentes. Este año, el 12 de mayo, alrededor de cien miembros de la cooperativa El Bosque realizaron una protesta pacífica para evitar un desalojo, la cual fue reprimida por la policía militar. Como resultado, el líder comunitario José Ángel Pérez y el abogado Alejandro Henríquez fueron arrestados por desórdenes públicos y están siendo retenidos provisoriamente en un centro penal. En los últimos cuatro meses, al menos seis defensores de derechos humanos han sido detenidos en El Salvador por motivos políticos.

La marcha del 28 de junio concluyó pacíficamente y, al menos en ese momento, no se registraron arrestos. Rodríguez es parte de un colectivo llamado Pedrina, que se enfoca en la articulación comunitaria por los derechos LGBTIQ+ en el oeste del país. Su interés por la seguridad digital surgió cuando miembros de la organización comenzaron a recibir insultos y amenazas en redes sociales. Junto a su colectivo, Rodríguez recibió capacitación en seguridad digital por parte de Amate, otra organización que defiende los derechos LGBTIQ+ a nivel nacional. Desde mayo, Amate ha capacitado a 60 personas en temas de derechos digitales, análisis de riesgos y otras herramientas útiles.

Para Rodríguez, estas herramientas representan un medio para hacer frente a un país que, con el apoyo del gobierno, se vuelve cada vez más violento hacia quienes representan la diversidad. En el ámbito universitario, ha enfrentado discursos de odio, incluso de profesores que comparten la visión de Bukele respecto a la ideología de género.

El gobierno ha intentado ocultar la violencia contra la comunidad LGBTIQ+ a través de una falta de conteo claro de los crímenes de odio en el país. En años recientes, la Fiscalía General de la República (FGR) ha utilizado categorías como "homicidio por intolerancia social" y "homicidio por intolerancia familiar" para contabilizar asesinatos que no puede atribuir a lo que llama “delito general”. Estas categorías no están definidas de forma oficial y son utilizadas solo públicamente, sin claridad en los informes administrativos. Entre 2023 y 2024, la FGR reportó 182 de estos casos.

Ante la falta de claridad estadística, varias organizaciones han comenzado a documentar y archivar los crímenes de odio. El Servicio Social Pasionista, un grupo anti-violencia, encontró que 154 personas LGBTIQ+ han sido detenidas durante el régimen de emergencia que comenzó en marzo de 2022. Nicola Chávez y su equipo vieron la necesidad de registrar los casos de violencia contra miembros de la población LGBTIQ+. Sin embargo, una de las principales dificultades ha sido crear una base de datos centralizada de la información.

Chávez, estudiante de doctorado en Estudios Americanos y archivera, aplicó su conocimiento para compilar y organizar la información, asegurando que las bases de datos que contienen información sensible sobre las denuncias sean protegidas con múltiples capas de seguridad. La reciente aprobación de la Ley de Agentes Extranjeros ha llevado a Chávez a solicitar que su organización no sea mencionada públicamente, debido al temor a represalias. Esta ley exige que quienes reciben fondos internacionales se registren como “agentes extranjeros”, sometiéndose a una tributación del 30% sobre todos los fondos recibidos desde el exterior.

La situación política en El Salvador ha obligado a las organizaciones a contemplar cómo salvaguardar su información. Existe preocupación de que el gobierno considere las actividades organizativas como un desafío directo a la ley y pueda realizar incautaciones de equipos. Según Chávez, la legislación está diseñada para otorgar amplios poderes a las autoridades, lo que genera incertidumbre sobre lo que se les puede solicitar.

La creación de una Agencia de Ciberseguridad por parte del gobierno también permite una vigilancia más estricta sobre la información y el uso de la tecnología. A pesar de los desafíos, Chávez mantiene la esperanza de que la documentación de estos hechos sirva en el futuro para la justicia, ya sea en litigios internacionales o en un proceso de supervisión que surja tras el fin de este gobierno autoritario.