La Cámara aprueba un proyecto de ley de presupuesto que prohíbe inexplicablemente las regulaciones estatales sobre inteligencia artificial durante diez años.

La Cámara de Representantes de EE. UU. ha aprobado por un estrecho margen un proyecto de ley de presupuesto, que ha sido descrito por el presidente Trump y otros como "un gran y hermoso proyecto". Entre los recortes a la atención médica, los aumentos en la deuda y las exenciones fiscales para los más ricos, se encuentra una prohibición de diez años sobre las leyes estatales relacionadas con la inteligencia artificial (IA). Esto significa que el gobierno federal impediría a los estados implementar regulaciones sobre la IA durante la próxima década.

El voto se llevó a cabo principalmente siguiendo las líneas partidarias, con casi todos los miembros republicanos de la Cámara apoyando la medida. Este hito representa una de las acciones más significativas a nivel federal en política tecnológica en décadas, aunque queda oculta dentro de un proyecto de ley de presupuesto que no estaba relacionado con la IA.

Sin embargo, todavía no es ley, ya que el proyecto debe ser aprobado por el Senado, donde podría enfrentar dificultades. Se anticipa que los legisladores demócratas impugnen la prohibición de regulación de la IA bajo la denominada Ley Byrd, que prohíbe incluidos "elementos ajenos" al presupuesto federal durante el proceso de reconciliación.

Incluso algunos republicanos en el Senado parecen dudar respecto a esta prohibición. La senadora Marsha Blackburn de Tennessee expresó su preocupación por que anule la legislación estatal que protege a los artistas de las manipulaciones por deepfakes. De igual forma, el senador Josh Hawley de Missouri ha manifestado su oposición a la idea, argumentando que podría obstaculizar los esfuerzos para abordar los problemas que plantea la IA.

Los partidarios de la prohibición defienden que evitaría la creación de un confuso mosaico de leyes estatales sobre IA hasta que el Congreso pueda formular su propia legislación federal. Esta postura resulta curiosa, dado que proviene de quienes abogan por los "derechos de los estados".

Por el contrario, muchos legisladores demócratas y organizaciones de defensa, como la Electronic Frontier Foundation, consideran que se trata de un regalo peligroso para las grandes empresas tecnológicas, que serían las más beneficiadas de un mercado completamente desregulado. También advierten que esta situación podría representar un grave riesgo para los ciudadanos, dejándolos desprotegidos ante cualquier peligro asociado. Las leyes estatales actuales ya abordan cuestiones como los deepfakes y la discriminación en la contratación automatizada.

Durante una audiencia de subcomité, la representante demócrata Lori Trahan enfatizó: “No se engañen, las familias que han venido a este comité suplicando que actuemos no se beneficiarán de esta propuesta. Pero, ¿saben quién sí lo hará? Los directores ejecutivos de las grandes tecnológicas que están sentados detrás de Trump en su inauguración."

Los recortes propuestos a Medicaid, que afectarían a más de 10 millones de personas, así como los beneficios fiscales para los ricos, han dominado la narrativa sobre este polémico proyecto de ley presupuestario republicano. Sin embargo, al analizarlo en su totalidad, se pueden encontrar otros detalles alarmantes que merecen atención. El proyecto, tal como fue aprobado por la Cámara, también incluye recortes a Medicaid por un total estimado de 625 mil millones de dólares y recortes a SNAP (programa de cupones de alimentos) por 300 mil millones. Además, podría forzar recortes de 500 mil millones en Medicare, que atiende a los ancianos, como consecuencia de un aumento de casi 4 billones en el déficit nacional. También se eliminaría el crédito fiscal para vehículos eléctricos. Todo esto serviría para financiar una extensión y expansión de recortes fiscales anteriores que benefician desproporcionadamente a los ingresos altos.