Nueva York denuncia que la débil seguridad de Zelle permitió estafas por mil millones de dólares.

La Fiscal General de Nueva York, Letitia James, ha presentado una demanda contra las entidades bancarias que operan Zelle, acusándolas de permitir un fraude masivo que ha provocado pérdidas superiores a mil millones de dólares para los consumidores entre 2017 y 2023. Según la demanda, James sostiene que Zelle fue lanzada apresuradamente al mercado, lo que provocó un diseño que facilitó las actividades fraudulentas en la plataforma.

Zelle fue creada en 2017 por Early Warning Services (EWS), una compañía propiedad de grandes instituciones financieras como Bank of America, Capital One, JPMorgan Chase y Wells Fargo, con el objetivo de permitir a los usuarios transferir dinero entre cuentas bancarias. Sin embargo, James sostiene que EWS era consciente desde el principio de que características clave de la red Zelle la hacían especialmente vulnerable al fraude, y a pesar de ello, no implementaron las medidas de seguridad básicas necesarias.

Uno de los problemas mencionados en la demanda es el proceso de registro, que carecía de pasos de verificación importantes. Esto permitió que los estafadores se registraran utilizando direcciones de correo electrónico engañosas, haciéndose pasar por empleados gubernamentales o negocios para engañar a los clientes de Zelle y hacer que les enviaran dinero irrecuperable. A raíz de la presión gubernamental, Zelle comenzó a reembolsar a las víctimas de estafas en 2023.

Adicionalmente, James alega que EWS no garantizó que los bancos reportaran las quejas de fraude de los clientes de manera oportuna y que el servicio fue publicitado de manera errónea como una herramienta de transferencia de dinero "segura". James afirma que, aun cuando recibieron reportes sobre actividades fraudulentas, no tomaron acciones rápidas para eliminar a los estafadores de la red Zelle ni exigieron a los bancos que reembolsaran a los consumidores en ciertos casos de estafa.

La demanda aborda muchas de las mismas cuestiones que se trataron en una acción judicial inicialmente presentada por la Oficina de Protección Financiera del Consumidor. En marzo, esta última retiró su demanda contra Zelle en medio de los esfuerzos de la administración Trump para desmantelar la agencia y el despido de su entonces director, Rohit Chopra, quien había adoptado un enfoque agresivo hacia la regulación tecnológica. Sin embargo, esto no ha detenido la atención por parte de los legisladores federales, y ahora también de la Fiscal General de Nueva York.

Por su parte, un portavoz de Zelle, Eric Blankenbaker, rechazó estas afirmaciones en un comunicado, argumentando que Zelle "lidera la lucha contra el fraude y las estafas" en Estados Unidos. Según Blankenbaker, la demanda es una "estrategia política para generar prensa, no progreso", y advierte que podría ofrecer a los criminales un plan que les garantice pagos sin consecuencias, lo que abriría las puertas a más estafas y pondría a los consumidores en mayor riesgo.

La Fiscal General James sostiene que EWS violó la legislación de Nueva York y busca la restitución y daños para todos los neoyorquinos afectados por estafas en Zelle. “Espero lograr justicia para los neoyorquinos que han sufrido a causa de las fallas de seguridad de Zelle”, declaró James en un comunicado.