Cover Image for De qué manera la influencia de Silicon Valley en Washington favorece a la élite tecnológica

De qué manera la influencia de Silicon Valley en Washington favorece a la élite tecnológica

Desde que Donald Trump asumió la presidencia, más de treinta empleados, aliados e inversionistas de Musk, Peter Thiel, Marc Andreessen y Palmer Luckey han ocupado cargos en agencias federales, participando en la gestión de miles de millones en contratos para sus empresas.

Desde la llegada de Donald Trump a la presidencia, han surgido preocupaciones sobre la influencia de varios magnates tecnológicos en las agencias federales que supervisan sus negocios. Más de una treintena de empleados, aliados e inversores de empresarios como Elon Musk, Peter Thiel, Marc Andreessen y Palmer Luckey han ocupado puestos clave en dichas agencias. Esto les ha permitido dirigir miles de millones en contratos hacia sus empresas, que han logrado recibir más de una docena de contratos federales por un total aproximado de 6 mil millones de dólares desde enero de 2017, y continúan buscando obtener aún más.

Estas designaciones se han realizado en departamentos que no solo supervisan, sino que regulan y adjudican negocios a las compañías de estos cuatro empresarios, lo que ha levantado varias alarmas. Se cuestiona si tales acciones pueden infringir leyes sobre conflictos de interés o éticas gubernamentales, que prohíben a los empleados federales utilizar sus cargos públicos en beneficio personal. Aunque es común que se nombren a aliados de confianza en funciones gubernamentales, la rapidez y escala de la red de Musk es sin precedentes.

Se han reportado casos en los que miembros de su círculo han llegado a entidades como DOGE, donde ha realizado despidos en agencias federales y ha reducido plantillas en departamentos que regulan sus negocios. Daniel Weiner, experto en ética, indicó que la administración Trump ha sido la primera en años en no imponer salvaguardias éticas adicionales para los altos cargos, lo que agrava la preocupación sobre el posible conflicto de intereses.

Desde el ámbito de la innovación surge la justificación de que los empleados y asociados de Musk y sus colegas aportan talento y conocimiento necesario para el gobierno, impulsando un avance tecnológico importante. Sin embargo, esto plantea serias preguntas cuando surge el favoritismo que puede perjudicar la competencia, influir en la creación de políticas para proteger el dominio del mercado o desviar regulaciones que beneficiarían al público hacia un enfoque que favorezca los intereses comerciales.

Por ejemplo, la Oficina de Protección Financiera del Consumidor ha retrocedido en la búsqueda de normativas que restringirían a los corredores de datos, lo que podría beneficiar a empresas en el ámbito de la IA y la analítica de datos. Asimismo, DOGE ha despedido personal en la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras, que investiga la seguridad de vehículos autónomos, incluyendo varias indagaciones sobre Tesla.

La red de fundadores, inversores y colaboradores de Musk, Thiel, Andreessen y Luckey también se extiende a distintas agencias federales, y en muchos casos, estas entidades están dirigiendo grandes contratos hacia sus empresas. Se ha revelado que están presentes en más de una docena de agencias, desde la oficina ejecutiva del presidente hasta el Departamento de Transporte y el Departamento de Energía.

Uno de los ejemplos más destacados es Theodore Malaska, ingeniero senior de SpaceX, quien recibió una exención ética que le permite tomar un empleo temporal en la Administración Federal de Aviación mientras sigue siendo empleado de SpaceX. A pesar de las preocupaciones de seguridad nacional, SpaceX obtuvo un contrato multimillonario de 5.9 mil millones de dólares del U.S. Space Force para realizar lanzamientos de misiones del Pentágono.

Los intereses de Thiel también se manifiestan en la obtención de contratos significativos. Su empresa Palantir ha recibido casi 376 millones de dólares desde 2020, así como contratos con el Departamento de Defensa que suman al menos 1.2 mil millones en 2024. Las empresas han colaborado en propuestas de defensa y también han accedido a contratos significativos en tecnología.

La concentración de riqueza y poder político plantea un riesgo significativo para la economía, ya que se teme que el gobierno tome decisiones que prioricen la protección de ciertas empresas en lugar de fomentar una competencia sana en el mercado.