David Sacks y las fronteras difusas del servicio gubernamental.
Esta semana, Vultron presentó su ronda de financiación de 22 millones de dólares, y destacó la participación de un inversor clave: Craft Ventures, la firma.
Vultron, una startup de inteligencia artificial, anunció recientemente una ronda de financiamiento de 22 millones de dólares, destacando como inversor principal a Craft Ventures, firma cofundada por David Sacks, quien también es asesor de IA en la Casa Blanca. Esta situación ha suscitado inquietudes sobre posibles conflictos de interés en la administración de Trump, donde Sacks desempeña roles tanto en el gobierno como en el sector privado, creando un escenario donde se dificultan los límites entre el deber público y el beneficio privado.
Sacks ha recibido dos exenciones éticas que le permiten participar en la definición de políticas federales mientras mantiene inversiones en las mismas industrias que regula. La primera exención, de marzo, abarca sus inversiones en criptomonedas, y la segunda, de junio, se centra en sus activos de inteligencia artificial. Según expertos en ética, esta combinación crea una situación sin precedentes. Kathleen Clark, profesora de derecho especializada en ética gubernamental, analizó la exención relacionada con las criptomonedas y comentó que representa un caso de "corrupción", señalando que permite a Sacks obtener ganancias mientras está protegido de responsabilidades criminales.
La exención menciona el porcentaje de participación de Sacks en Craft Ventures, que en el momento de ser firmada representaba menos del 3.8% de sus activos totales, pero evita revelar cifras exactas. Clark enfatiza que el análisis de la exención no se centra en posibles ganancias futuras, algo crucial en el contexto de un capitalista de riesgo como Sacks, donde una buena inversión puede aumentar significativamente su valor.
El anuncio de Vultron se produce en un momento que complica aún más la situación. La empresa desarrolla herramientas de inteligencia artificial dirigidas a contratistas federales, prometiendo aumentar la eficiencia en la obtención de contratos gubernamentales. Aunque se afirma que la inversión de Craft Ventures fue anterior a la designación de Sacks en el gobierno, el hecho de que el encargado de IA en el país tenga intereses financieros en una empresa que se beneficia de contratos que influye con sus políticas genera interrogantes.
Críticas importantes han surgido, destacando la postura de la senadora Elizabeth Warren, quien ha señalado la incompatibilidad de Sacks como líder en la firma de inversión y a la vez en la formulación de políticas de criptomonedas. A pesar de sus defensas, afirmando haber vendido gran parte de su fortuna en criptomonedas antes de unirse al gobierno para evitar conflictos, sus críticos cuestionan la esencia de estas exenciones.
Sacks ha realizado importantes desinversiones en activos digitales, superando los 200 millones de dólares, y ha vendido participaciones significativas en varias empresas. Sin embargo, críticos argumentan que, incluso con las desinversiones, el marco ético sigue siendo inadecuado, y las exenciones se perciben como una forma de blanquear conflictos de interés en lugar de abordarlos.
Adicionalmente, Sacks trabaja como empleado gubernamental solamente 130 días al año, manteniendo actividades comerciales en su tiempo libre. Por ejemplo, organiza un congreso anual en el que los asistentes pagan sumas elevadas, una situación que complica aún más las fronteras entre su papel público y privado. Observadores se preguntan si, tras la reciente aprobación de la GENIUS Act, Sacks considerará retirarse del servicio público.
La rápida aprobación de legislación favorable a las criptomonedas, combinada con inversiones en empresas de IA que sirven al gobierno, plantea la cuestión de si este nuevo enfoque representa una norma para las relaciones entre Silicon Valley y Washington, o si será un hecho aislado en futuras administraciones. Es evidente que las estructuras éticas tradicionales pueden resultar insuficientes en un contexto donde los capitalistas de riesgo pueden simultáneamente definir políticas y gestionar sus inversiones, lo que deja la situación bajo la protección de exenciones legales que han levantado cuestionamientos entre expertos en ética.
