CISPE presenta una denuncia formal ante la Comisión Europea por la adquisición de VMware por parte de Broadcom.

CISPE, el organismo que agrupa a proveedores de infraestructura en la nube en Europa, ha presentado un recurso formal ante la Comisión Europea para impugnar su decisión de aprobar la adquisición de VMware por parte de Broadcom en 2023. Esta acción se produce tras la emisión de dos alertas rojas por parte del Observatorio Europeo de Competencia en la Nube, creado por CISPE.

CISPE representa a los proveedores de infraestructura en la nube soberana de Europa y ha estado en el centro de atención recientemente por sus quejas sobre las tarifas de licencias injustas de Microsoft. La solicitud de anulación de la decisión de la Comisión surge aproximadamente dos años después de la aprobación inicial del acuerdo, tiempo en el cual Broadcom prometió mantener la interoperabilidad.

En noviembre de 2024, CISPE anunció la creación del European Cloud Competition Observatory (ECCO) con el fin de supervisar la competencia en el sector. Para febrero de 2025, la organización expresó que los miembros y clientes de CISPE informaron de escasa o nula comunicación por parte de Broadcom respecto a sus inquietudes. Por ello, ECCO le otorgó un estatus crítico a Broadcom, reconfirmado en mayo de 2025, resaltando la imposición de términos contractuales desfavorables de manera continua y agresiva. ECCO solicitó "investigaciones oficiales urgentes", mientras que Francisco Mingorance, Secretario General de CISPE, indicó que Broadcom no mostraba interés en colaborar con los proveedores europeos.

En un comunicado del 24 de julio de 2025, CISPE argumentó que existieron errores legales y una evaluación de competencia inadecuada por parte de la Comisión, que, a pesar de reconocer riesgos competitivos, no impuso condiciones a Broadcom. Desde la adquisición de VMware, la compañía ha rescindido contratos con cortos períodos de aviso y ha implementado nuevas condiciones de licencias que han resultado en drásticos aumentos de precios, en algunos casos hasta diez veces más, así como compromisos obligatorios de varios años.

Mingorance subrayó que la situación ha afectado no solo a los proveedores de servicios en la nube, sino también a hospitales, universidades y autoridades municipales, instando a la Comisión a reconsiderar su decisión, a la cual habían advertido anteriormente sobre estos riesgos.